Para una planificación adecuada de la
respuesta a una situación de emergencia se exige un conocimiento previo del
riesgo en cuestión y conocer la posible evolución y sus consecuencias. Y por
supuesto, hacen falta expertos en análisis de riesgos y resolución de crisis.
Pero esto, no existe en España para la gestión de las pandemias.
¿Qué es una catástrofe?
Muchas personas comentan en lenguaje coloquial
que estamos atravesando una catástrofe. Están en lo cierto, pero no solo en
lenguaje de la calle, también lo es en el lenguaje técnico de emergencias.
La Ley de protección civil del Estado de 2015 recoge como catástrofe la siguiente
definición: “Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe
sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar
gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera
los medios disponibles de la propia comunidad.”
Ante esta definición, no podemos tener ninguna
duda de que nos encontramos ante una catástrofe como ninguna otra habida antes
en España; ha producido la interrupción sustancial del funcionamiento de la
sociedad, está ocasionando una gran cantidad de víctimas; y está produciendo
daños e impactos materiales inimaginables; y por si fuese poco, ha habido
momentos en los que han sido superados los medios disponibles de la sociedad.
Se cumplen sobradamente los cuatro requisitos contenidos en esta definición de
catástrofe. Es más, hay otro concepto en protección civil que se denomina
“calamidad pública” que no es ni más ni menos que una catástrofe cuando sus efectos
se prolongan en el tiempo; o sea lo que nos está pasando ahora.
La misma ley define como “Emergencia de Protección
civil” la “Situación de riesgo
colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o
bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para
atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una
catástrofe”. Así que, sin
duda, podríamos declarar sin temor a equivocarnos que estamos viviendo una
situación de emergencia de protección civil.
Dos millones y medio de personas infectadas
por el coronavirus, más de 75.000 muertes, millón y medio de personas sin
trabajo, una perdida del 10% del Producto Interior Bruto en 2020, más de 200 mil
empresas cerradas y más de cinco millones de personas en situación de pobreza
severa que viven con menos de 16 euros al día, no es una emergencia
ordinaria. Y que nos la quieran vender como una crisis sanitaria es un mal
chiste sin gracia.
Un error de percepción
Las catástrofes más graves ocurridas en España en los últimos
cuarenta no se acercan a la magnitud que tiene la pandemia de la Covid-19. En octubre de 1982 la rotura de la presa de
Tous en Valencia causó 5 muertos; las inundaciones de Bilbao y alrededores en agosto de 1983 en
provocaron 34 muertos y cinco desaparecidos, pérdidas de 200.000 millones de
pesetas (1.200 millones de euros, la tercera parte en Bilbao); el 20 de agosto
de 2008 el vuelo de Spanair, de Madrid a Gran Canaria, se estrelló en el
aeropuerto de Madrid-Barajas falleciendo 154 personas; y el terremoto de Lorca
en mayo de 2011 de magnitud moderada (de 5,1)
causó 9 víctimas mortales, más de 300 heridos, y más de 450 millones de euros
en pérdidas económicas directas. Todas estas catástrofes resultan una
nimiedad si las comparamos con la Covid-19.
A partir de la declaración tardía de la
pandemia por la Organización Mundial de la Salud -OMS-, el primer error fue la
calificación del problema como una emergencia sanitaria. El fallo ha residido
en la imprecisa identificación del riesgo y no haber analizado la envergadura
de la amenaza para las personas y para la sociedad.
El Estado minimizó la gravedad de la
emergencia, redujo su potencial alcance, no percibió su impacto social a medio
plazo y no aplicó diligentemente la Ley Orgánica del Estado de Alarma con todo
el alcance que le permitía la Ley. A través de su portavoz el Estado español desdeño
al gobierno de Italia por declarar el Estado de Emergencia Nacional a la vez
que aseguraba que en España tan solo tendríamos uno o dos casos. No solo se
trató de un gran error de cálculo, se trataba del gran fallo del Estado en la
planificación de una respuesta de Protección Civil a una situación de
emergencia nacional de efectos desconocidos. La razón de esta torpeza es
básicamente que España es un Estado que carece de la elemental estructura de
protección civil y por eso no pudo ponerla en marcha. Pero, ese pecado es una réplica
en todas y cada una de las CCAA que desde la administración heredada del franquismo
crearon sus administraciones calcando el modelo ineficiente y la estructura
ineficaz del Estado. Y así nos va.
Con la carencia de esta organización de
previsión de riesgos, muchas de las medidas adoptadas, más que decisiones
propias de una planificación estudiada, se han asemejado más a una partida de
parchís, en que después de ver el resultado del lanzamiento del dado se decidía
qué ficha mover.
La crisis sanitaria
Por lo general, estamos acostumbrados a que la
enfermedad sea una afección particular o individual y los tratamientos se
aplican de manera personalizada. En las epidemias suele haber una reacción del
sistema sanitario para atender y atajar la enfermedad, pero esto no suele
transcender de las comunidades locales y regionales afectadas. Incluso en
muchos casos, ni tan siquiera la sociedad que está padeciendo una situación de
epidemia es consciente de ello y aunque sea un problema sanitario real, no se
percibe como un problema social. De hecho, se nos informó que era poco más que
una gripe y así se dieron los primeros pasos de la gestión de una enfermedad. Y
a pesar de que ya se tenía la información de que en China morían principalmente
los ancianos, no hubo ninguna acción defensiva de las residencias de mayores, donde
se produjeron bastantes muertes evitables.
Los gestores de la emergencia sanitaria, que
supongo que estaban desbordados, con un crecimiento de contagios que doblaban
su número cada tres días, centraron sus esfuerzos en fortalecer el sistema
hospitalario para hacer frente a la vorágine que se avecinaba. No les culpo a
ellos por su gestión, ni al personal médico ni sanitario ni al sistema
hospitalario, que bastante tenía con hacer frente a un enemigo desconocido con
pocos recursos y con gran sobrecarga de trabajo.
La falta es del
responsable de que no existan esos órganos administrativos interdisciplinares
que se dediquen a la prevención de catástrofes. La acción permanente de los
poderes públicos, en materia de protección civil, se ha de orientar al estudio
y prevención de las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública
y a la protección y socorro de personas y bienes en los casos en que se
produzcan esas situaciones. Pues bien, el Estado y su administración ha fallado
estrepitosamente en el cumplimiento de este fin.
La gestión de la catástrofe
Siendo meridianos en el lenguaje, las
catástrofes las tienen que gestionar los expertos en la gestión de catástrofes.
Parece fácil, ¿verdad? No se puede organizar un servicio de bomberos después de
que se produzca un incendio. El servicio de bomberos tiene que existir con medios
adecuados y con personal formado y entrenado para su misión antes de que se
produzcan los incendios. Pues en las catástrofes pasa lo mismo. Cuando llega la
catástrofe no se puede improvisar, hay que estar organizados de antemano.
Si alguien hubiese dispuesto de la información
adecuada y la responsabilidad de prevenir las catástrofes a nivel nacional en
aquel momento en que aún no había llegado la COVID-19 a Europa debería haber
calificado la situación como de “grave riesgo”, que es la fase previa, el
momento en el cual se predicen o se prevén las medidas que se han de adoptar;
justamente en ese instante, cuando se advierte con antelación la amenaza del
riesgo. El problema es que ese alguien no existía, ni existe. Otra cuestión es
si ese alguien hubiese sido escuchado o no por el Gobierno en sus advertencias.
El caso es que se sigue gestionando una
situación de emergencia nacional con un estado de alarma “light” de efecto
tobogán (subir para caer), sin aprobar una legislación “ad hoc” para hacer
frente a la catástrofe. Y los equipos técnicos, asesores de los gabinetes
políticos siguen siendo mayoritariamente del ámbito sanitario para hacer frente
a una situación de calamidad pública que no superaremos al menos en un año y
con algunos miles de muertos más. La gestión de la pandemia sí que está
siendo una catástrofe.
Que la gestión técnica de esta emergencia
nacional se encaje casi exclusivamente dentro del ámbito de las ciencias de la
salud, tratándola como un fenómeno biológico-médico-sanitario-hospitalario-farmacéutico-epidemiológico,
por el hecho de que la enfermedad está producida por un virus, es como si la
prevención de incendios y la lucha contra incendios se la encomendásemos a los
licenciados en químicas por el hecho de que la combustión que produce los
incendios es una reacción química exotérmica.
¡Todo lo que nos pasa, es poco!
Javier Larrea, 2 de abril de 2021.
Publicado en el periódico DEIA el 9 de abril de 2021
