sábado, 6 de febrero de 2021

La vacuna a destiempo (I)

Algunos dirigentes, nacionales, autonómicos y locales, han sido descubiertos aprovechándose de su posición para obtener el beneficio de ser vacunados contra la covid-19 entre los primeros ciudadanos de este país. Al conocerse los primeros casos surgieron con inmediatez las primeras reacciones sociales contra esta práctica que ha sido considerada como un abuso. El goteo de las informaciones que han ido revelando más y más casos han convertido este fenómeno en un hecho destacable de la actualidad que está ocupando las portadas de todos los noticiarios.

 

En este artículo, que presento en dos partes, pretendo analizar con sosiego los hechos, más allá de la inmisericorde condena de telediario a que han sido sometidos algunos de los actores, para obtener algunas conclusiones, aunque sean políticamente incorrectas. En esta primera parte, doy un repaso a las acusaciones y advierto que no todos los casos son iguales.

 

Llama la atención que la acusación pública de haber perpetrado el supuesto abuso de poder para obtener un privilegio se centra exclusivamente en los políticos, cuando en realidad entre quienes han accedido de forma supuestamente irregular a la vacuna se encuentran políticos (alcaldes, consejeros, concejales, directores generales), pero también funcionarios, militares, religiosos (incluso un obispo), politécnicos, técnicos y personal civil que por relación de parentesco o por otras circunstancias han tenido acceso a la vacuna, antes de lo que aparentemente les correspondiera. Quiero resaltar la perversión que logran los medios de comunicación, especialmente las televisiones que en sus programas de máxima audiencia dan excesiva cancha a las diatribas políticas logrando que la tacha moral que se imputa a los acusados se extienda masivamente a toda la clase política.

 

Las acusaciones no son inocentes

Seríamos muy ingenuos si no percibiésemos que muchas de las acusaciones son interesadas y que en la mayoría de los casos tienen intencionalidad política. Si hurgamos en las feroces críticas a los políticos que se han vacunado por razón de su cargo vemos que junto a su cargo (a veces antes que su nombre) se mencionan las siglas del partido político que le ha designado para ese puesto. A continuación, de forma simultánea se le pide la dimisión personal de su cargo, y a su partido el cese del puesto e incluso la suspensión de militancia o expulsión del partido, obviando casi siempre los procedimientos garantistas de los que nos hemos dotado para no incurrir de forma precipitada en decisiones injustas. Lamentablemente, se atribuye a los partidos políticos más responsabilidad que al comportamiento personal de quien se haya podido aprovechar de su cargo. Por ejemplo, en el caso del jefe del Estado Mayor del ejército, el objetivo no era tanto su dimisión como buscar la reprobación de la ministra de Defensa y del Gobierno. En el caso de los dos directores de hospitales de Osakidetza en Euskadi, se ha visto que una vez dimitidos y cesados, el hostigamiento político al gobierno y al partido al que pertenecen ambos no ha cesado. En el caso de Murcia a pesar de que se han vacunado más de 300 personas saltándose su protocolo, la presión se ha ejercido de forma singular sobre el consejero de sanidad, su gobierno y su partido, hasta conseguir su dimisión. Igualmente ha ocurrido con la alcaldesa de Molina de Segura en Murcia que ya ha dimitido.

 

Los políticos se han cebado en la crítica sin cuartel contra los casos de los cargos políticos de otros partidos esquivando el reproche de los casos de los miembros de su propio partido, algo a lo que nos tienen acostumbrados y que debería hacernos escarmentar para ser más refractarios ante las ofensas de unos partidos contra otros. Los medios de comunicación con su alineación ideológica han seguido como es habitual esta misma tónica. Algunos sindicatos se han sumado también a la crítica política, que más allá de la defensa de los intereses de los trabajadores, nos les debiera de corresponder.

 

No estoy quitando importancia a los hechos, ni estoy defendiendo ningún comportamiento, simplemente estoy llamando la atención y poniendo el foco en la crítica fácil y adulterada que se realiza, no siempre con nobles intenciones. Debemos ser cautelosos ante estos ataques y ser precavidos antes de dar por válidos los argumentos de los acusadores, sin atender a la presunción de inocencia y sin tomar en consideración las razones y circunstancias que hayan estado presentes en la adopción de las conductas denunciadas.

 

No todos los casos son iguales

Parece indiscutible que la utilización del cargo o posición en un sistema jerárquico para obtener un privilegio es algo reprobable. En este caso el beneficio resultante es vacunarse antes de lo que debería corresponder. Pero, en esta tesitura hay una circunstancia agravante de esta conducta: el beneficio de quien se aprovecha causa un perjuicio a quien se le ha hurtado el derecho a la vacuna que tenía asignado, según el protocolo. Y aquí no estamos hablando de repartir una tarta, sino la oportunidad de librarse de un virus mortal, o sea la posibilidad de morir o vivir.

 

Los protocolos de vacunación establecidos por las autoridades sanitarias indican el orden de vacuna en función de la vulnerabilidad de los grupos y colectivos de personas. En la primera etapa de vacunación se ha de seguir este orden: (1) residentes y personal sanitario en residencias de mayores y grandes dependientes; (2) personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario; (3) otro personal sanitario y sociosanitario; (4) grandes dependientes no institucionalizados. Se podían haber establecido otros protocolos, con otro orden; de hecho, ni socialmente hay unanimidad sobre quienes deben ser vacunados los primeros, pero la norma existente y que debe acatarse es esta.

 

Así que está bastante claro, mientras no estén vacunados todos estos grupos, nadie que no pertenezca a ellos puede ser vacunado. Este es el principio que los dirigentes han de observar y hacer cumplir y no hacerlo así debería tener unas consecuencias. Y no solo los dirigentes, la norma es para toda la sociedad, todas las personas debemos cumplir el protocolo, también son infractores de la norma quienes mediante la picaresca se han colado y se han vacunado sin que les correspondiese.

 

Pero no debemos generalizar, deberíamos distinguir entre los distintos casos que se han producido y su casuística. No es lo mismo que se vacune un alcalde de una población que no tiene ninguna relación con la enfermedad o la sanidad que el director de un pequeño hospital con una elevada incidencia de covid-19 entre sus pacientes y el personal sanitario y administrativo. No es lo mismo que se vacune el director de un hospital en el que se ha vacunado a todos los miembros de la plantilla que lo ha deseado que el vacunado sea el gerente de un hospital en el que la mayoría del personal sanitario incluso los de urgencias no han sido vacunados. No es lo mismo que sean vacunados los sacerdotes que visitan a los enfermos de una residencia de mayores que se vacune un obispo alejado de los pacientes de covid.

 

Aplicando el código católico de castigo de los actos que atentan contra sus mandamientos podríamos calificar las faltas como pecado, pero aun así existe la distinción entre pecado mortal y pecado venial, entre distintas categorías de pecados, que vendría a ser la equivalencia al delito y a la falta en nuestro código penal. Procede, por tanto, no dejarnos llevar por un espíritu vengativo de sed de justicia y analizar cada caso con detenimiento antes de emitir ningún veredicto y lapidar sin juicio a los acusados.

 

Afortunadamente se puede constatar que, al margen de los posibles errores administrativos, los abusos intencionales de políticos han sido escasos, una minoría estadísticamente insignificante, aunque quizás el escarnio público al que han sido sometidos los casos descubiertos ha actuado de forma preventiva y haya provocado el desistimiento de quienes tuviesen alguna intención de seguir los mismos pasos.

 

En la segunda parte de este articulo trataré el contexto social en que se producen estos hechos y la condena que pueden merecer. 

 

Publicado el 26 de enero de 2021 en el diario digital 21NOTICIAS

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