Los
medios de comunicación a través de los informativos y las declaraciones de
líderes políticos, tertulianos y generadores de opinión nos están haciendo ver
que los destinatarios de sus críticas merecen una repulsión social ineludible.
Pero, ¿de verdad, la condena social está tan extendida y su
comportamiento tan mal visto por toda la sociedad? ¿Toda la sociedad piensa
así?
Del barómetro
del Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS-, de noviembre de
2020 se desprendía que el
47% de las personas encuestadas no querría vacunarse inmediatamente cuando
se dispusiese de una vacuna contra la
Covid-19, y un 36,8% manifestó que sí lo haría. Un mes después,
en el barómetro de diciembre, el 28% de las personas entrevistadas declaraba no
estar dispuesta a vacunarse cuando se tenga vacuna y un 16,2% solo se vacunaría
“sí tienen garantías, si está probada y si es fiable”. Esta respuesta es
de tal ambigüedad que me atrevo afirmar que quienes la han elegido es porque
creen que la vacuna “no tiene garantías, no está probada y no es fiable”,
pues si creyesen que la vacuna cumple esos requisitos habrían respondido sin
lugar a dudas que sí se vacunarían. Sumando este porcentaje a quienes no desean
vacunarse tenemos un resultado de un 44,2% de escépticos ante la vacuna, a los
que podríamos añadir otro grupo de respuestas, como el 5,3% que no sabe o duda.
Adonde quiero llegar, es a que a esa masa social, aproximadamente la mitad de
la población española, que no manifiesta interés o urgencia por ponerse la
vacuna, le debería traer al pairo que otros se cuelen y se vacunen, ya sean
políticos, militares, sacerdotes o funcionarios. Lógicamente, este numeroso grupo de
personas que no se quieren vacunar o que la vacuna no les parece de fiar, no
deberían ver con malos ojos, que otros, aunque sean políticos, se postulen para
ser conejillos de indias colocándose los primeros de la fila para vacunarse; por
lo que deduzco que no existe un cabreo social mayoritario por estos hechos,
aunque haya quien nos quiera convencer de ello. Por otra parte, también hay un
buen grupo de negacionistas y antisistema que reivindicaban que cuando viniese
la vacuna (prematura e inexperimentada según ellos) se la pongan los políticos
primero; así que a estos no les parecerá mal.
El contexto
Existen un buen número de
privilegios que se consideran inherentes a los cargos de dirección, que son
admitidos de forma generalizada, y no son objeto de reproche social. Es
habitual, que el director de una empresa tenga un vehículo de la empresa, que
el político tenga un coche oficial, que la secretaria le lleve un café al
despacho, que en los viajes corporativos disfruten de hoteles de 5 estrellas,
que los parlamentarios españoles perciban unas dietas fijas por desplazamiento,
aunque vivan en Madrid; que cuando un político cese en algunos cargos reciba
cesantías, etc., etc. Se acepta que una serie de prerrogativas que van asociadas
al cargo de jefe no sean discutidas socialmente, entre las que se encuentra que
cuando se incorpora algo bueno para toda la plantilla los primeros en
disfrutarlo sean los jefes y después todos los demás, en riguroso orden
jerárquico. Se considera algo intrínseco que el jefe tenga privilegios, esto
forma parte de nuestro código moral, ese conjunto de
normas y preceptos aprendidos e imperantes en nuestra sociedad que regulan el
comportamiento individual en la sociedad y en los grupos humanos en los que nos
desenvolvemos.
También tenemos interiorizados
algunos privilegios de los jefes y de los políticos; se acepta con
condescendencia el amiguismo y el nepotismo, que sin duda está en el ADN de los
humanos y en muchas ocasiones se recurre a un amigo o a un familiar para obtener
un favor administrativo; y a pocos les parece mal saltarse el protocolo cuando
uno mismo es el beneficiario. Nos juzgamos con benevolencia si conseguimos que
nos atiendan antes de lo que nos correspondería, sabiendo que a alguien le han
retrasado la atención que merecía en el momento que en justicia le tocaba.
Es en este contexto de permisividad
en el que se desarrolla una ética social que rige la forma de vivir y actuar en
sociedad, y es en el seno de esta ética en el que vivimos habitualmente,
también en pandemia, y en el que se realiza la distribución de las vacunas y la
vacunación. Por esta razón, quienes han utilizado su cargo o su oportunidad
para saltarse el orden de vacunación apenas se justifican, todos creen haber
actuado con naturalidad, y al ser pillados “in fraganti” ninguno reconoce haber
cometido un abuso. Sencillamente, porque esto era lo natural, lo habitual en el
comportamiento de la jerarquía social. De no haber sido por las viscerales acusaciones
que han realizado los partidos y medios de comunicación que han utilizado estos
hechos como arma arrojadiza, dudo que hubiese habido una gran trascendencia y pienso
que apenas habría habido reacciones sociales.
Mantengo la opinión de que hasta el día
de hoy se ha producido un escaso reproche a los comportamientos del poder, lo
que es fácilmente demostrable observando como en los procesos electorales, mediante
el voto reiterado, se excusa y disculpa a partidos políticos que se saben corruptos.
Este apoyo incondicional a políticos poco ejemplares podría ser debido a que
muchos de los votantes no consideran que los abusos sean tan graves y aceptan estas
actitudes con el hipotético razonamiento de que si ellos ocupasen ese cargo también
harían lo mismo.
Otra cuestión aparte es la
ejemplaridad que deberíamos exigir a nuestros gobernantes que, por cierto, no
exigimos casi nunca, pero en este caso parece que alguien se ha vuelto
exquisito y a partir de ahora se pretende exigir una conducta intachable que
hasta ahora no se ha requerido con rigor. Ojalá fuese este un punto de
inflexión y este escenario nos sirviese para reclamar de nuestros gobernantes y
administradores (políticos o funcionarios) una integridad y comportamiento
ejemplar que nunca se ha demandado de forma explícita.
La condena
Me voy a referir exclusivamente a la
condena o reproche social pues dudo que pueda existir ninguna responsabilidad
penal. En todo caso, cabría como mucho una responsabilidad civil que condenase
a los abusadores a abonar el importe económico de su vacunación por haberse
apropiado en su beneficio de una dosis que no les correspondía. Depende de como
los fiscales “lo afinen”.
Por supuesto, la condena ha de ser
proporcional a la gravedad de la falta, de la misma manera que la penitencia en
la confesión depende de la gravedad del pecado. Así pues, lo primero es
calificar la falta; como decíamos ayer, no todos los casos son iguales
por lo que hay que discernir con meticulosidad la falta que ha cometido cada
cual. El hecho censurable es haber usado su posición para beneficiarse obteniendo
la ventaja personal de ser vacunados.
Pero, la reprobación política y
mediática no se está ejerciendo de igual modo sobre todos los que se han
saltado el orden de vacunación, sino solamente sobre quienes ocupan puestos
políticos. Estas son algunas de las consecuencias:
-
Todos ellos, además de ser víctimas
de la pena de telediario -que ya han sufrido, están sufriendo y van a seguir
padeciendo-, pueden ser sancionados con la pérdida de su puesto de trabajo.
-
Unos cuantos han dimitido, o van a
dimitir, por verse obligados por su partido, que teme un grave perjuicio para
sus siglas si no se produjese el cese. En muchos casos, la salida será
negociada.
-
Quienes se resistan y no sean
cesados, difícilmente serán elegidos para el mismo puesto en las próximas
elecciones.
-
Todos los señalados, dimitan o no
dimitan, cesen o no, arrastrarán a lo largo de su vida una mancha en su
prestigio personal que les va a perseguir permanentemente en su entorno social.
-
La mayoría van a ver truncada su
vida profesional en la política, que no es poco castigo.
-
Quienes no reconocen su culpa, sean
culpables o inocentes, se van a sentir reos del concepto “responsabilidad sin
culpa”.
A continuación, quiero señalar que en
la encuesta del CIS de diciembre de 2020 “Efectos y
consecuencias del coronavirus”, a la pregunta sobre “a quién le administraría la vacuna
de la covid-19 si hubiera una posibilidad de salvar a la persona
a quien se le administrara: a la persona más joven, o a la persona más enferma
o a la persona más anciana”, el 29,6% de las personas encuestadas lo haría
a la persona más joven, el 26,2% a la persona con más riesgo de morir, y el 9,6
al más anciano. Los ciudadanos no coinciden absolutamente con los criterios del
protocolo de vacunación. Deseo aclarar con esta información que el orden
establecido en el protocolo de vacunación de las autoridades sanitarias ni tan
siquiera es compartido por la sociedad española, lo que refuerza mi idea de que
las tremendas acusaciones sobre quienes se han saltado el protocolo existente
no son compartidas por toda la ciudadanía.
Ahora, estimado lector eres tú el
que debes decidir cual crees que es el castigo que merecen pues no tenemos un
protocolo escrito para esto. Nunca antes habíamos vivido una pandemia en la que
justo cuando se descubre la vacuna, se produce de forma muy escasa, y no hay vacunas
para todos los que las quieren, y unos pocos, que se han colado, son vacunados
en virtud de su cargo. Habrá a quien le parezca que la dimisión o el cese en el
cargo es suficiente, que han pagado su error políticamente y ya está. Otros
considerarán que han de ser expulsados de su partido, otros creerán que han de
ser acusados en un juzgado por abuso de poder por utilizar un bien escaso que
no les correspondía. Hay quien apunta que se les debería de cobrar la vacuna
que se les ha puesto improcedentemente. Otros dirán que deberían ser castigados
a realizar trabajos sociales con enfermos de covid-19. Sea cual sea tu
veredicto, te recomiendo que antes de emitirlo te asegures de su culpabilidad.
Quiero terminar el artículo
comentando que la criminalización de los políticos ha sido y está siendo
excesiva. En primer lugar, por el reducido número de los que han incurrido en
esta conducta poco ejemplar; el eco mediático extiende la mancha sobre el
gremio político, pero no es así. En segundo lugar, porque el bien jurídico a
proteger es “el derecho a ser vacunado cuando corresponda ser vacunado”
y quienes lo han infringido y han incurrido en falta son tanto el personal funcionario
que se ha equivocado metiendo en una lista a funcionarios de informática, como
los sacerdotes o los familiares de una residencia de Madrid que se han vacunado,
o los bomberos del parque de bomberos de Lorca que han accedido a la vacunación
haciendo añicos el protocolo. Si es un hecho reprobable, el hecho es el mismo,
independientemente de quien lo realice, pues las consecuencias y perjuicios son
idénticos. Supuestamente, todas estas personas han incurrido en una conducta censurable,
pero estamos ante la incongruencia de que nadie les culpa si no son cargos de
designación política, solo se está hablando de la exigencia de
responsabilidades a aquellos que ocupan un cargo político por su pertenencia a
un partido. Poco se habla de quienes son funcionarios no políticos. Y para
finalizar voy a dejar algunas preguntas en el aire:
¿Por qué los medios, los partidos
políticos y los sindicatos no hablan de quienes han facilitado las vacunas a quienes no deben vacunarse? ¿Qué hay que exigir a quién ha
decidido que algunos se vacunen sin seguir el procedimiento? ¿Quién ha sido el
responsable de facilitar esas irregularidades? ¿Y, los civiles que se han
vacunado por ser familiares, o médicos jubilados que ya no están en activo, tampoco
han de tener ninguna consecuencia? ¿Y, qué hay del personal sanitario que ha
vacunado a personas que sabía que no debía de vacunar? ¿Estos no han de tener
ningún castigo? ¿Se pedirá hoy en las televisiones el cese de los bomberos de
Lorca por vacunarse cuando no les tocaba? ¿Se ha pedido la dimisión o el cese
de los sacerdotes de la residencia de Madrid? ¿Alguien ha escuchado la petición
de la dimisión del Obispo de Baleares?
Entre tanto, esperemos que se autoricen
más vacunas, que haya una producción masiva de todas ellas y que pronto pueda
estar vacunado todo el mundo.
Este artículo ha
sido publicado en el diario digital 21NOTICIAS el 27 de enero de 2021
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