sábado, 6 de febrero de 2021

Elucubraciones sobre los pactos postelectorales del 14F en Catalunya


La posibilidad de llegar a acuerdos para formar gobierno tras unas elecciones, cuando no se consigue la mayoría absoluta, no depende solamente del número de votos y escaños conseguidos en la confrontación electoral sino de la posición que los partidos tengan en el campo de batalla político. He diseñado un tablero en el que represento la posición que tienen los partidos que tienen posibilidades de obtener representación parlamentaria el 14F de 2021 en Cataluña. Me aventuro a realizar una serie de elucubraciones sobre los hipotéticos pactos que se puedan conformar para constituir el gobierno de la Generalitat.

 

Los datos que aparecen en la imagen de este artículo han sido tomados del artículo "Así van las encuestas del 14F" del diario.es el día 3 de febrero de 2020, en el que da cuenta de un modelo de predicción basándose en las encuestas realizadas hasta la fecha.

 

Representación gráfica

Partiendo de estos datos he situado a los partidos políticos catalanes que pueden obtener representación parlamentaria en las elecciones del 14F en las coordenadas de dos ejes, uno horizontal que fija la posición entre izquierda y derecha y otro eje vertical identitario en el que se muestra el deseo de que Cataluña se convierta en una república independiente de España.

El tamaño de la superficie de los círculos que representan a los partidos está en relación con el porcentaje de voto que se predice que puede obtener cada partido.

La ubicación de los partidos en este tablero es subjetiva, pero no es caprichosa; en el eje vertical es bastante fácil colocarlos pues responde a las posturas sobre la independencia de Cataluña: unos están absolutamente a favor, y otros, los partidos unionistas que defienden una Cataluña unida a España, están radicalmente en contra. La posición intermedia del PSC y de los Comuns se debe a la intención favorable a la realización de un referéndum manifestada por sus electorados en los sondeos sobre este asunto; el partido de los Comuns ligeramente más dispuesto al referéndum que lo que manifiestan los dirigentes del PSC.

En el eje izquierda-derecha su posicionamiento es algo más difícil, pues no es posible atender a un solo criterio y a veces difieren bastante el ideario establecido en sus estatutos y sus programas electorales con sus acciones políticas, ya sean de gobierno o de oposición. Espero que los lectores no encuentren muy desajustado el sitio en que les he colocado. No obstante, creo que la exactitud del lugar que ocupen no es excesivamente importante siempre que no haya mucha desviación; tiene más relevancia la posición relativa que se ocupa respecto de los demás partidos.

 

Análisis de los datos

Hay que tener en cuenta las siguientes características de la realidad catalana.

En primer lugar, hay que dejar constancia de que el sistema electoral catalán establece que una vez propuesto un candidato por el presidente de las Corts deberá ser aprobado en primera votación por mayoría absoluta, o 48 horas después por mayoría simple. En este sistema se puede votar contra el candidato, lo que permite bloquear la creación de gobierno si no se consiguen suficientes apoyos para que voten a favor, o se abstengan en la segunda votación, para que los votos en contra no superen los favorables al aspirante. Este extremo es muy importante, pues si en dos meses no se consigue elegir un candidato se deberán convocar nuevas elecciones. Así pues, será necesario llevar a cabo negociaciones productivas en busca de los apoyos a favor o que garanticen la abstención en la segunda vuelta.

La atomización del voto y el posible reparto de los escaños entre nueve formaciones políticas va a ser la causa de la dificultad de alcanzar mayorías. Y, además, la actual distribución de votos convierte en misión imposible el logro de la mayoría absoluta en la tesitura actual. El Parlament consta de 135 diputados por lo que la mayoría absoluta se alcanza con el voto de 68 escaños.

Así que, con los datos manejados, es muy probable que sea necesario lograr un acuerdo tripartito, bien para un pacto de gobierno o bien para la inicial investidura del candidato.

 

Algunos principios de la negociación política

Hemos de tener presente que hay algunos factores decisivos en la negociación política y que hay que considerar a la hora de especular sobre los pactos postelectorales.

- Resulta elemental entender que los pactos no los hacen los partidos sino las personas, así que como primer requisito básico para alcanzar el acuerdo es que entre los líderes de los partidos políticos que vayan a negociar no haya animadversión, ni rivalidad tribal.

- En principio, puede ser más fácil entenderse cuanto más parecida sea la ideología de los partidos.

- Es casi imposible entenderse con quienes se hayan escindido previamente, a no ser que hayan cambiado los líderes que produjeron el desencuentro de la escisión.

- Los partidos que están muy próximos ideológicamente rivalizan permanentemente por el mismo espacio político y por su electorado. Las tensiones que suelen producirse en época electoral se atemperan tras el paso de las elecciones.

- Es muy difícil llegar a acuerdos con partidos antagónicos que están situados en los extremos opuestos de un mismo eje, pues la dinámica habitual es la del enfrentamiento continuo. No obstante, puede haber alguna buena causa. o compartir un interés común temporal, que le una provisionalmente.

- Resultan inconvenientes los pactos entre partidos que ocupan el poder de forma alternativa pues existe un riesgo alto de confundir al propio electorado que no suele entender la alianza con el rival. Puede ser una medida fatal a corto plazo.

- A los partidos que han sido hegemónicos y que han gobernado siempre en solitario les cuesta compartir el poder, pero también les resulta doloroso perderlo, por lo cual en ocasiones estarían bien dispuestos al pacto con tal de continuar en el gobierno.

 

Análisis del tablero político

Ahora, observando con detenimiento el tablero que he dibujado puedo hacer varias consideraciones:

- Lo primero que llama la atención es que el PSC ocupa el centro del tablero. Estoy seguro que muchos los situarán un poco más arriba o más abajo, o más a la izquierda o más a la derecha; es igual, eso no cambia sustancialmente su situación de centralidad. Tampoco cambia nada que tenga unos pocos más o unos pocos menos votos, a no ser que alcance a ser el que más escaños consiga, pues en ese caso (como ya ha adelantado Salvador Illa que hará) será el PSC quien tenga la iniciativa de buscar acuerdos para intentar ser investido President.

- Todas las fuerzas políticas, excepto el PSC están situadas en los extremos del tablero.

- Se aprecia con nitidez que el tercer cuadrante, donde se situarían los partidos anticatalanistas de izquierdas está prácticamente vacío. No hay en Cataluña fuerzas españolistas de izquierda.

-Los partidos que se oponen radicalmente a la independencia de Cataluña ocupan casi el mismo espacio, muy a la derecha del tablero; se solapan y constituyen un bloque ideológico.

- El bloque unionista tiene muy poca representación (entre los tres partidos no llegan a sumar el número de votos del tercer partido). Aunque goce del favor de los medios de la nación española y disponga de una gran repercusión mediática eso no le otorga ninguna ventaja para lograr pactos.

- Aunque en política no hay nada imposible, podemos dar por seguro que ninguna de las formaciones del bloque unionista puede realizar ningún pacto electoral con ninguno de los partidos catalanes. La única, remota, posibilidad podría ser con el PSC, ante una situación excepcional o razón de Estado como ocurrió con el acuerdo para aplicar el artículo 155 de la Constitución en 2017, pero no parece ser este el caso.

 

Interpretación

Partiendo de estos posibles resultados electorales y de la posición que he estimado en el tablero, me permito especular sobre las distintas posibilidades que nos ofrece este escenario electoral.

Las dos principales posibilidades de acuerdos postelectorales son: el acuerdo de los independentistas en el eje identitario, o el acuerdo de la izquierda en el eje ideológico.

El PSC dispone de una posición privilegiada que le permite una amplia capacidad de interlocución con la mayoría de los partidos que los demás partidos no tienen, pero las manifestaciones de Salvador Illa en la campaña electoral de que no pactará con los partidos independistas le han restado movilidad. Los demás tienen limitadas sus posibilidades de acuerdo a sus próximos, ya sea en el eje ideológico o en el eje identitario,

Debido a la trascendencia que tiene ser el ganador de las elecciones para presentar candidato, voy a presentar esta exposición en función de quien pueda vencer en los comicios, que según las encuestas pueden ser el PSC, ERC o Junts pel Sí.

Gana las elecciones Junts pel Sí

Si la suma con los escaños de ERC, alcanzase los 68 escaños se repetiría muy probablemente el gobierno actual existente. Si les faltasen algunos escaños para lograr la mayoría podría buscarse la solución actual de la abstención de la CUP como ocurrió en la investidura de Quim Torra. Si no fuese posible esta abstención de la CUP se intentaría buscar una abstención de los Comuns. Las rivalidades entre Junts y ERC quedarían aparcadas hasta las próximas elecciones.

No veo ninguna posibilidad de que en este acuerdo pueda participar el PSC de ninguna manera.

Gana las elecciones ERC

La situación podría ser muy parecida al caso anterior, prácticamente idéntica, con la salvedad de quién ostente la presidencia. En el caso de un empate, estaríamos ante una situación endemoniada que casi habría que resolver con una moneda.

Las alianzas serían las mismas que en el caso anterior. Podría darse una variante, si la CUP decidiese entrar en el gobierno con alguna cartera.

Gana las elecciones el PSC

Algunas encuestas están ofreciendo este resultado. En este caso, el candidato del PSC ha asegurado que él lo intentará, no como hizo Arrimadas que no dio ese paso.

Queda descartada la posibilidad de un gobierno de identidad nacional española (constitucionalista como les gusta llamarse) que no suma la mayoría necesaria para alcanzar la investidura; ni contando con los escaños de los Comuns, que ni en sueños votarían junto al PP o a V0X.

En la actual correlación de fuerzas, creo que si el PSC quiere gobernar no tiene más opciones que tratar de buscar apoyos para construir un gobierno de izquierdas. No sería la primera vez, recordemos el tripartito de Montilla, aunque aquel PSC era más nacionalista que el actual. La teórica posibilidad de constituir un gobierno por la izquierda pasaría por establecer un acuerdo con los Comuns (en la órbita de Unidas Podemos) con quienes gobiernan en Madrid y sumando con ERC, suponiendo que entre los tres alcancen la mayoría de 68 escaños. Aunque lo que se dice en campaña electoral se puede desdecir a posteriori, a mi entender, las contundentes afirmaciones de Illa de que no pactará con los independentistas le han cerrado este camino.

Por otra parte, ERC no podría avenirse a un pacto de esta naturaleza, con los socialistas, habida cuenta de la pugna que mantiene con Junts pel Sí por el liderazgo del independentismo; bastante tienen que aguantar por sus apoyos al gobierno del Estado. A no ser, que en este acuerdo se pactase la celebración del referéndum por la independencia de Catalunya, que permitiese sacar pecho a ERC, pero lo veo ciertamente improbable pues, para el PSOE, una contrapartida de esta índole sería darle munición a la derecha nacionalista española.

Conclusiones

De este panorama se puede deducir que las fuerzas españolistas radicales pueden perder casi la mitad de sus apoyos populares y parece que muchos de los votos anticatalanistas del PP y Ciudadanos emigran hacia las posiciones más moderadas del PSC.

Aunque no llegue a gobernar, el gran ganador de las elecciones será el PSC, que podría estar cerca de doblar sus últimos resultados electorales.

Como resumen y conclusión de todo lo antedicho no solo es posible, sino que es muy probable que el gobierno de Catalunya siga igual.


Artículo publicado en el diario digital 21Noticias

La vacuna a destiempo (II)

En la segunda parte de este artículo sobre quienes han abusado de su cargo para saltarse los protocolos sanitarios de vacunación quiero explicar el contexto social en el que se produce este abuso y realizar algunas consideraciones sobre la pena que se merecen.

 

Los medios de comunicación a través de los informativos y las declaraciones de líderes políticos, tertulianos y generadores de opinión nos están haciendo ver que los destinatarios de sus críticas merecen una repulsión social ineludible. Pero, ¿de verdad, la condena social está tan extendida y su comportamiento tan mal visto por toda la sociedad? ¿Toda la sociedad piensa así?

 

Del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS-, de noviembre de 2020 se desprendía que el 47% de las personas encuestadas no querría vacunarse inmediatamente cuando se dispusiese de una vacuna contra la Covid-19, y un 36,8% manifestó que sí lo haría. Un mes después, en el barómetro de diciembre, el 28% de las personas entrevistadas declaraba no estar dispuesta a vacunarse cuando se tenga vacuna y un 16,2% solo se vacunaría “sí tienen garantías, si está probada y si es fiable”. Esta respuesta es de tal ambigüedad que me atrevo afirmar que quienes la han elegido es porque creen que la vacuna “no tiene garantías, no está probada y no es fiable”, pues si creyesen que la vacuna cumple esos requisitos habrían respondido sin lugar a dudas que sí se vacunarían. Sumando este porcentaje a quienes no desean vacunarse tenemos un resultado de un 44,2% de escépticos ante la vacuna, a los que podríamos añadir otro grupo de respuestas, como el 5,3% que no sabe o duda. Adonde quiero llegar, es a que a esa masa social, aproximadamente la mitad de la población española, que no manifiesta interés o urgencia por ponerse la vacuna, le debería traer al pairo que otros se cuelen y se vacunen, ya sean políticos, militares, sacerdotes o funcionarios. Lógicamente, este numeroso grupo de personas que no se quieren vacunar o que la vacuna no les parece de fiar, no deberían ver con malos ojos, que otros, aunque sean políticos, se postulen para ser conejillos de indias colocándose los primeros de la fila para vacunarse; por lo que deduzco que no existe un cabreo social mayoritario por estos hechos, aunque haya quien nos quiera convencer de ello. Por otra parte, también hay un buen grupo de negacionistas y antisistema que reivindicaban que cuando viniese la vacuna (prematura e inexperimentada según ellos) se la pongan los políticos primero; así que a estos no les parecerá mal.

 

El contexto

Existen un buen número de privilegios que se consideran inherentes a los cargos de dirección, que son admitidos de forma generalizada, y no son objeto de reproche social. Es habitual, que el director de una empresa tenga un vehículo de la empresa, que el político tenga un coche oficial, que la secretaria le lleve un café al despacho, que en los viajes corporativos disfruten de hoteles de 5 estrellas, que los parlamentarios españoles perciban unas dietas fijas por desplazamiento, aunque vivan en Madrid; que cuando un político cese en algunos cargos reciba cesantías, etc., etc. Se acepta que una serie de prerrogativas que van asociadas al cargo de jefe no sean discutidas socialmente, entre las que se encuentra que cuando se incorpora algo bueno para toda la plantilla los primeros en disfrutarlo sean los jefes y después todos los demás, en riguroso orden jerárquico. Se considera algo intrínseco que el jefe tenga privilegios, esto forma parte de nuestro código moral, ese conjunto de normas y preceptos aprendidos e imperantes en nuestra sociedad que regulan el comportamiento individual en la sociedad y en los grupos humanos en los que nos desenvolvemos.

 

También tenemos interiorizados algunos privilegios de los jefes y de los políticos; se acepta con condescendencia el amiguismo y el nepotismo, que sin duda está en el ADN de los humanos y en muchas ocasiones se recurre a un amigo o a un familiar para obtener un favor administrativo; y a pocos les parece mal saltarse el protocolo cuando uno mismo es el beneficiario. Nos juzgamos con benevolencia si conseguimos que nos atiendan antes de lo que nos correspondería, sabiendo que a alguien le han retrasado la atención que merecía en el momento que en justicia le tocaba.

 

Es en este contexto de permisividad en el que se desarrolla una ética social que rige la forma de vivir y actuar en sociedad, y es en el seno de esta ética en el que vivimos habitualmente, también en pandemia, y en el que se realiza la distribución de las vacunas y la vacunación. Por esta razón, quienes han utilizado su cargo o su oportunidad para saltarse el orden de vacunación apenas se justifican, todos creen haber actuado con naturalidad, y al ser pillados “in fraganti” ninguno reconoce haber cometido un abuso. Sencillamente, porque esto era lo natural, lo habitual en el comportamiento de la jerarquía social. De no haber sido por las viscerales acusaciones que han realizado los partidos y medios de comunicación que han utilizado estos hechos como arma arrojadiza, dudo que hubiese habido una gran trascendencia y pienso que apenas habría habido reacciones sociales.

 

Mantengo la opinión de que hasta el día de hoy se ha producido un escaso reproche a los comportamientos del poder, lo que es fácilmente demostrable observando como en los procesos electorales, mediante el voto reiterado, se excusa y disculpa a partidos políticos que se saben corruptos. Este apoyo incondicional a políticos poco ejemplares podría ser debido a que muchos de los votantes no consideran que los abusos sean tan graves y aceptan estas actitudes con el hipotético razonamiento de que si ellos ocupasen ese cargo también harían lo mismo.

 

Otra cuestión aparte es la ejemplaridad que deberíamos exigir a nuestros gobernantes que, por cierto, no exigimos casi nunca, pero en este caso parece que alguien se ha vuelto exquisito y a partir de ahora se pretende exigir una conducta intachable que hasta ahora no se ha requerido con rigor. Ojalá fuese este un punto de inflexión y este escenario nos sirviese para reclamar de nuestros gobernantes y administradores (políticos o funcionarios) una integridad y comportamiento ejemplar que nunca se ha demandado de forma explícita.

 

La condena

Me voy a referir exclusivamente a la condena o reproche social pues dudo que pueda existir ninguna responsabilidad penal. En todo caso, cabría como mucho una responsabilidad civil que condenase a los abusadores a abonar el importe económico de su vacunación por haberse apropiado en su beneficio de una dosis que no les correspondía. Depende de como los fiscales “lo afinen”.

 

Por supuesto, la condena ha de ser proporcional a la gravedad de la falta, de la misma manera que la penitencia en la confesión depende de la gravedad del pecado. Así pues, lo primero es calificar la falta; como decíamos ayer, no todos los casos son iguales por lo que hay que discernir con meticulosidad la falta que ha cometido cada cual. El hecho censurable es haber usado su posición para beneficiarse obteniendo la ventaja personal de ser vacunados.

 

Pero, la reprobación política y mediática no se está ejerciendo de igual modo sobre todos los que se han saltado el orden de vacunación, sino solamente sobre quienes ocupan puestos políticos. Estas son algunas de las consecuencias:

 

-            Todos ellos, además de ser víctimas de la pena de telediario -que ya han sufrido, están sufriendo y van a seguir padeciendo-, pueden ser sancionados con la pérdida de su puesto de trabajo.

-            Unos cuantos han dimitido, o van a dimitir, por verse obligados por su partido, que teme un grave perjuicio para sus siglas si no se produjese el cese. En muchos casos, la salida será negociada.

-            Quienes se resistan y no sean cesados, difícilmente serán elegidos para el mismo puesto en las próximas elecciones.

-            Todos los señalados, dimitan o no dimitan, cesen o no, arrastrarán a lo largo de su vida una mancha en su prestigio personal que les va a perseguir permanentemente en su entorno social.

-            La mayoría van a ver truncada su vida profesional en la política, que no es poco castigo.

-            Quienes no reconocen su culpa, sean culpables o inocentes, se van a sentir reos del concepto “responsabilidad sin culpa”.

 

A continuación, quiero señalar que en la encuesta del CIS de diciembre de 2020 Efectos y consecuencias del coronavirus”, a la pregunta sobre “a quién le administraría la vacuna de la covid-19 si hubiera una posibilidad de salvar a la persona a quien se le administrara: a la persona más joven, o a la persona más enferma o a la persona más anciana”, el 29,6% de las personas encuestadas lo haría a la persona más joven, el 26,2% a la persona con más riesgo de morir, y el 9,6 al más anciano. Los ciudadanos no coinciden absolutamente con los criterios del protocolo de vacunación. Deseo aclarar con esta información que el orden establecido en el protocolo de vacunación de las autoridades sanitarias ni tan siquiera es compartido por la sociedad española, lo que refuerza mi idea de que las tremendas acusaciones sobre quienes se han saltado el protocolo existente no son compartidas por toda la ciudadanía.

 

Ahora, estimado lector eres tú el que debes decidir cual crees que es el castigo que merecen pues no tenemos un protocolo escrito para esto. Nunca antes habíamos vivido una pandemia en la que justo cuando se descubre la vacuna, se produce de forma muy escasa, y no hay vacunas para todos los que las quieren, y unos pocos, que se han colado, son vacunados en virtud de su cargo. Habrá a quien le parezca que la dimisión o el cese en el cargo es suficiente, que han pagado su error políticamente y ya está. Otros considerarán que han de ser expulsados de su partido, otros creerán que han de ser acusados en un juzgado por abuso de poder por utilizar un bien escaso que no les correspondía. Hay quien apunta que se les debería de cobrar la vacuna que se les ha puesto improcedentemente. Otros dirán que deberían ser castigados a realizar trabajos sociales con enfermos de covid-19. Sea cual sea tu veredicto, te recomiendo que antes de emitirlo te asegures de su culpabilidad.

 

Quiero terminar el artículo comentando que la criminalización de los políticos ha sido y está siendo excesiva. En primer lugar, por el reducido número de los que han incurrido en esta conducta poco ejemplar; el eco mediático extiende la mancha sobre el gremio político, pero no es así. En segundo lugar, porque el bien jurídico a proteger es “el derecho a ser vacunado cuando corresponda ser vacunado” y quienes lo han infringido y han incurrido en falta son tanto el personal funcionario que se ha equivocado metiendo en una lista a funcionarios de informática, como los sacerdotes o los familiares de una residencia de Madrid que se han vacunado, o los bomberos del parque de bomberos de Lorca que han accedido a la vacunación haciendo añicos el protocolo. Si es un hecho reprobable, el hecho es el mismo, independientemente de quien lo realice, pues las consecuencias y perjuicios son idénticos. Supuestamente, todas estas personas han incurrido en una conducta censurable, pero estamos ante la incongruencia de que nadie les culpa si no son cargos de designación política, solo se está hablando de la exigencia de responsabilidades a aquellos que ocupan un cargo político por su pertenencia a un partido. Poco se habla de quienes son funcionarios no políticos. Y para finalizar voy a dejar algunas preguntas en el aire:

¿Por qué los medios, los partidos políticos y los sindicatos no hablan de quienes han facilitado las vacunas a quienes no deben vacunarse? ¿Qué hay que exigir a quién ha decidido que algunos se vacunen sin seguir el procedimiento? ¿Quién ha sido el responsable de facilitar esas irregularidades? ¿Y, los civiles que se han vacunado por ser familiares, o médicos jubilados que ya no están en activo, tampoco han de tener ninguna consecuencia? ¿Y, qué hay del personal sanitario que ha vacunado a personas que sabía que no debía de vacunar? ¿Estos no han de tener ningún castigo? ¿Se pedirá hoy en las televisiones el cese de los bomberos de Lorca por vacunarse cuando no les tocaba? ¿Se ha pedido la dimisión o el cese de los sacerdotes de la residencia de Madrid? ¿Alguien ha escuchado la petición de la dimisión del Obispo de Baleares?

 

Entre tanto, esperemos que se autoricen más vacunas, que haya una producción masiva de todas ellas y que pronto pueda estar vacunado todo el mundo.

 

Este artículo ha sido publicado en el diario digital 21NOTICIAS el 27 de enero de 2021


La vacuna a destiempo (I)

Algunos dirigentes, nacionales, autonómicos y locales, han sido descubiertos aprovechándose de su posición para obtener el beneficio de ser vacunados contra la covid-19 entre los primeros ciudadanos de este país. Al conocerse los primeros casos surgieron con inmediatez las primeras reacciones sociales contra esta práctica que ha sido considerada como un abuso. El goteo de las informaciones que han ido revelando más y más casos han convertido este fenómeno en un hecho destacable de la actualidad que está ocupando las portadas de todos los noticiarios.

 

En este artículo, que presento en dos partes, pretendo analizar con sosiego los hechos, más allá de la inmisericorde condena de telediario a que han sido sometidos algunos de los actores, para obtener algunas conclusiones, aunque sean políticamente incorrectas. En esta primera parte, doy un repaso a las acusaciones y advierto que no todos los casos son iguales.

 

Llama la atención que la acusación pública de haber perpetrado el supuesto abuso de poder para obtener un privilegio se centra exclusivamente en los políticos, cuando en realidad entre quienes han accedido de forma supuestamente irregular a la vacuna se encuentran políticos (alcaldes, consejeros, concejales, directores generales), pero también funcionarios, militares, religiosos (incluso un obispo), politécnicos, técnicos y personal civil que por relación de parentesco o por otras circunstancias han tenido acceso a la vacuna, antes de lo que aparentemente les correspondiera. Quiero resaltar la perversión que logran los medios de comunicación, especialmente las televisiones que en sus programas de máxima audiencia dan excesiva cancha a las diatribas políticas logrando que la tacha moral que se imputa a los acusados se extienda masivamente a toda la clase política.

 

Las acusaciones no son inocentes

Seríamos muy ingenuos si no percibiésemos que muchas de las acusaciones son interesadas y que en la mayoría de los casos tienen intencionalidad política. Si hurgamos en las feroces críticas a los políticos que se han vacunado por razón de su cargo vemos que junto a su cargo (a veces antes que su nombre) se mencionan las siglas del partido político que le ha designado para ese puesto. A continuación, de forma simultánea se le pide la dimisión personal de su cargo, y a su partido el cese del puesto e incluso la suspensión de militancia o expulsión del partido, obviando casi siempre los procedimientos garantistas de los que nos hemos dotado para no incurrir de forma precipitada en decisiones injustas. Lamentablemente, se atribuye a los partidos políticos más responsabilidad que al comportamiento personal de quien se haya podido aprovechar de su cargo. Por ejemplo, en el caso del jefe del Estado Mayor del ejército, el objetivo no era tanto su dimisión como buscar la reprobación de la ministra de Defensa y del Gobierno. En el caso de los dos directores de hospitales de Osakidetza en Euskadi, se ha visto que una vez dimitidos y cesados, el hostigamiento político al gobierno y al partido al que pertenecen ambos no ha cesado. En el caso de Murcia a pesar de que se han vacunado más de 300 personas saltándose su protocolo, la presión se ha ejercido de forma singular sobre el consejero de sanidad, su gobierno y su partido, hasta conseguir su dimisión. Igualmente ha ocurrido con la alcaldesa de Molina de Segura en Murcia que ya ha dimitido.

 

Los políticos se han cebado en la crítica sin cuartel contra los casos de los cargos políticos de otros partidos esquivando el reproche de los casos de los miembros de su propio partido, algo a lo que nos tienen acostumbrados y que debería hacernos escarmentar para ser más refractarios ante las ofensas de unos partidos contra otros. Los medios de comunicación con su alineación ideológica han seguido como es habitual esta misma tónica. Algunos sindicatos se han sumado también a la crítica política, que más allá de la defensa de los intereses de los trabajadores, nos les debiera de corresponder.

 

No estoy quitando importancia a los hechos, ni estoy defendiendo ningún comportamiento, simplemente estoy llamando la atención y poniendo el foco en la crítica fácil y adulterada que se realiza, no siempre con nobles intenciones. Debemos ser cautelosos ante estos ataques y ser precavidos antes de dar por válidos los argumentos de los acusadores, sin atender a la presunción de inocencia y sin tomar en consideración las razones y circunstancias que hayan estado presentes en la adopción de las conductas denunciadas.

 

No todos los casos son iguales

Parece indiscutible que la utilización del cargo o posición en un sistema jerárquico para obtener un privilegio es algo reprobable. En este caso el beneficio resultante es vacunarse antes de lo que debería corresponder. Pero, en esta tesitura hay una circunstancia agravante de esta conducta: el beneficio de quien se aprovecha causa un perjuicio a quien se le ha hurtado el derecho a la vacuna que tenía asignado, según el protocolo. Y aquí no estamos hablando de repartir una tarta, sino la oportunidad de librarse de un virus mortal, o sea la posibilidad de morir o vivir.

 

Los protocolos de vacunación establecidos por las autoridades sanitarias indican el orden de vacuna en función de la vulnerabilidad de los grupos y colectivos de personas. En la primera etapa de vacunación se ha de seguir este orden: (1) residentes y personal sanitario en residencias de mayores y grandes dependientes; (2) personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario; (3) otro personal sanitario y sociosanitario; (4) grandes dependientes no institucionalizados. Se podían haber establecido otros protocolos, con otro orden; de hecho, ni socialmente hay unanimidad sobre quienes deben ser vacunados los primeros, pero la norma existente y que debe acatarse es esta.

 

Así que está bastante claro, mientras no estén vacunados todos estos grupos, nadie que no pertenezca a ellos puede ser vacunado. Este es el principio que los dirigentes han de observar y hacer cumplir y no hacerlo así debería tener unas consecuencias. Y no solo los dirigentes, la norma es para toda la sociedad, todas las personas debemos cumplir el protocolo, también son infractores de la norma quienes mediante la picaresca se han colado y se han vacunado sin que les correspondiese.

 

Pero no debemos generalizar, deberíamos distinguir entre los distintos casos que se han producido y su casuística. No es lo mismo que se vacune un alcalde de una población que no tiene ninguna relación con la enfermedad o la sanidad que el director de un pequeño hospital con una elevada incidencia de covid-19 entre sus pacientes y el personal sanitario y administrativo. No es lo mismo que se vacune el director de un hospital en el que se ha vacunado a todos los miembros de la plantilla que lo ha deseado que el vacunado sea el gerente de un hospital en el que la mayoría del personal sanitario incluso los de urgencias no han sido vacunados. No es lo mismo que sean vacunados los sacerdotes que visitan a los enfermos de una residencia de mayores que se vacune un obispo alejado de los pacientes de covid.

 

Aplicando el código católico de castigo de los actos que atentan contra sus mandamientos podríamos calificar las faltas como pecado, pero aun así existe la distinción entre pecado mortal y pecado venial, entre distintas categorías de pecados, que vendría a ser la equivalencia al delito y a la falta en nuestro código penal. Procede, por tanto, no dejarnos llevar por un espíritu vengativo de sed de justicia y analizar cada caso con detenimiento antes de emitir ningún veredicto y lapidar sin juicio a los acusados.

 

Afortunadamente se puede constatar que, al margen de los posibles errores administrativos, los abusos intencionales de políticos han sido escasos, una minoría estadísticamente insignificante, aunque quizás el escarnio público al que han sido sometidos los casos descubiertos ha actuado de forma preventiva y haya provocado el desistimiento de quienes tuviesen alguna intención de seguir los mismos pasos.

 

En la segunda parte de este articulo trataré el contexto social en que se producen estos hechos y la condena que pueden merecer. 

 

Publicado el 26 de enero de 2021 en el diario digital 21NOTICIAS